Mateos no se muestra dispuesto a adoptar medidas especiales que permitan evaluar a estos alumnos, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la Comunidad de Madrid, lo que supone una clara discriminación respecto a otras situaciones que se producen constantemente en el sistema educativo.
23 de marzo de 2009
Las últimas declaraciones de Mateos han decepcionado, una vez más, a las familias que se oponen a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía tal como está configurada en estos momentos. “Es lamentable que el Consejero hable de una situación de “normalidad” que no se ha producido en ningún momento. Es penoso que los padres tengamos que conocer la postura de la Consejería por los medios de comunicación cuando el pasado cuatro de marzo todas las plataformas solicitamos, con carácter urgente, una reunión con el Consejero, sin obtener siquiera una respuesta desde la Consejería. Mateos pide “confianza en el sistema” cuando ni siquiera recibe a los padres que, desde el principio, hemos buscado una solución dialogada a este conflicto que ya dura demasiado tiempo.
No se ha producido ningún cambio en Educación para la Ciudadanía que haga que los padres reconsideren su postura. “La asignatura es la misma que nos hizo tomar la decisión de ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia por el bien de nuestros hijos. Cuando objetamos lo hicimos sin ninguna cobertura legal y ahora que el Tribunal ha revocado las medidas cautelares, de forma precipitada e inexplicable, volvemos a la misma situación inicial. Sabemos que nos enfrentamos al suspenso, y lo asumimos. El hecho de que nuestros hijos suspendan esta asignatura no significa que no estén aprendiendo a ser “mejores ciudadanos en el futuro", como pretende el Consejero. Todo lo contrario; nuestros hijos están recibiendo de sus padres una auténtica lección de ciudadanía responsable, de coherencia, de conocimiento de sus derechos y sus deberes, de participación activa en la sociedad…un ejemplo, sin duda, para ellos.”
Los alumnos tendrán que enfrentarse al suspenso porque la Consejería no ha tenido en ningún momento voluntad para ofrecer a los alumnos una solución que les permita ser evaluados, lo que supone una auténtica discriminación respecto a otras situaciones que se están produciendo constantemente en el sistema educativo.
Mientras que desde la Consejería de Educación, en el uso de sus competencias, se articulan todo tipo de medidas para facilitar el aprobado y la titulación a alumnos de ESO, incluso con asignaturas no cursadas, en cambio se amenaza a aquellos alumnos objetores, en general buenos estudiantes, cuya permanencia fuera de las clases de EpC no supone ningún problema ni para el centro ni para sus compañeros. Los alumnos permanecen en el centro, siempre dispuestos a realizar alguna actividad sustitutoria (tal como manifestaban en el propio escrito de objeción de conciencia) que permita su evaluación, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid que sí está evaluando a los alumnos objetores desde principio de curso, mediante la elaboración de trabajos. En castilla y León, en cambio, las autoridades educativas no han querido aceptar la buena disposición de los padres para resolver este conflicto, y se han limitado a atender a los niños dentro del centro escolar sin proporcionarles una adecuada atención educativa de acuerdo con su especial situación, cosa que si se hace en el caso de otros alumnos que precisan atenciones educativas especiales.
Los padres percibimos en esta actuación un acoso y una intimidación constante para hacer desistir a los padres de un derecho que han ejercido por razones profundas de conciencia, aunque el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia (que cuenta con diez votos particulares de otros tantos magistrados) no haya tutelado dicho derecho.
En recientes declaraciones, Mateos se mostró convencido de que "no va a haber ninguna polémica más", aunque prometió "respetar la libertad de cada uno, así como su responsabilidad". Esperamos que, efectivamente, se termine con esta polémica, se respete la libertad de los padres y se demuestre de forma eficaz lo que el Consejero ha dicho tantas veces de palabra que el Gobierno regional «está con los padres objetores porque la asignatura tiene una fuerte carga moral». Para demostrar con hechos esa buena disposición los padres esperamos que nos reciba de forma urgente, como se le ha solicitado por escrito, para encontrar una solución a este conflicto que permita la evaluación de los alumnos (porque así puede hacerlo la Consejería sin que ello suponga que los alumnos tengan que reintegrarse a las clases) y sea respetuosa con el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
23 de marzo de 2009
Las últimas declaraciones de Mateos han decepcionado, una vez más, a las familias que se oponen a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía tal como está configurada en estos momentos. “Es lamentable que el Consejero hable de una situación de “normalidad” que no se ha producido en ningún momento. Es penoso que los padres tengamos que conocer la postura de la Consejería por los medios de comunicación cuando el pasado cuatro de marzo todas las plataformas solicitamos, con carácter urgente, una reunión con el Consejero, sin obtener siquiera una respuesta desde la Consejería. Mateos pide “confianza en el sistema” cuando ni siquiera recibe a los padres que, desde el principio, hemos buscado una solución dialogada a este conflicto que ya dura demasiado tiempo.
No se ha producido ningún cambio en Educación para la Ciudadanía que haga que los padres reconsideren su postura. “La asignatura es la misma que nos hizo tomar la decisión de ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia por el bien de nuestros hijos. Cuando objetamos lo hicimos sin ninguna cobertura legal y ahora que el Tribunal ha revocado las medidas cautelares, de forma precipitada e inexplicable, volvemos a la misma situación inicial. Sabemos que nos enfrentamos al suspenso, y lo asumimos. El hecho de que nuestros hijos suspendan esta asignatura no significa que no estén aprendiendo a ser “mejores ciudadanos en el futuro", como pretende el Consejero. Todo lo contrario; nuestros hijos están recibiendo de sus padres una auténtica lección de ciudadanía responsable, de coherencia, de conocimiento de sus derechos y sus deberes, de participación activa en la sociedad…un ejemplo, sin duda, para ellos.”
Los alumnos tendrán que enfrentarse al suspenso porque la Consejería no ha tenido en ningún momento voluntad para ofrecer a los alumnos una solución que les permita ser evaluados, lo que supone una auténtica discriminación respecto a otras situaciones que se están produciendo constantemente en el sistema educativo.
Mientras que desde la Consejería de Educación, en el uso de sus competencias, se articulan todo tipo de medidas para facilitar el aprobado y la titulación a alumnos de ESO, incluso con asignaturas no cursadas, en cambio se amenaza a aquellos alumnos objetores, en general buenos estudiantes, cuya permanencia fuera de las clases de EpC no supone ningún problema ni para el centro ni para sus compañeros. Los alumnos permanecen en el centro, siempre dispuestos a realizar alguna actividad sustitutoria (tal como manifestaban en el propio escrito de objeción de conciencia) que permita su evaluación, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid que sí está evaluando a los alumnos objetores desde principio de curso, mediante la elaboración de trabajos. En castilla y León, en cambio, las autoridades educativas no han querido aceptar la buena disposición de los padres para resolver este conflicto, y se han limitado a atender a los niños dentro del centro escolar sin proporcionarles una adecuada atención educativa de acuerdo con su especial situación, cosa que si se hace en el caso de otros alumnos que precisan atenciones educativas especiales.
Los padres percibimos en esta actuación un acoso y una intimidación constante para hacer desistir a los padres de un derecho que han ejercido por razones profundas de conciencia, aunque el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia (que cuenta con diez votos particulares de otros tantos magistrados) no haya tutelado dicho derecho.
En recientes declaraciones, Mateos se mostró convencido de que "no va a haber ninguna polémica más", aunque prometió "respetar la libertad de cada uno, así como su responsabilidad". Esperamos que, efectivamente, se termine con esta polémica, se respete la libertad de los padres y se demuestre de forma eficaz lo que el Consejero ha dicho tantas veces de palabra que el Gobierno regional «está con los padres objetores porque la asignatura tiene una fuerte carga moral». Para demostrar con hechos esa buena disposición los padres esperamos que nos reciba de forma urgente, como se le ha solicitado por escrito, para encontrar una solución a este conflicto que permita la evaluación de los alumnos (porque así puede hacerlo la Consejería sin que ello suponga que los alumnos tengan que reintegrarse a las clases) y sea respetuosa con el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
